Históricamente, las travestis, transexuales, transgéneros – en adelante personas Trans – vieron comprometidos sus derechos humanos en diferentes ámbitos sociales donde el Estado aplicó políticas de criminalización y exclusión que configuraron las realidades Trans.
Estas políticas se orientaron hacia:
• la prohibición del travestismo – presente en los edictos policiales –
• la judicialización de su imagen corporal – sólo con autorización judicial se podía acceder a los
tratamientos de cambio de sexo –
• prácticas discriminatorias que dificultan el acceso a trabajos formales y ámbitos estatales como la
educación, la salud y regulación en los espacios públicos.
La discriminación responde a un cierto marco sociocultural que trata de naturalizar una supuesta “normalidad” sólo para legitimar la desigualdad. Para ello, crea y difunde estereotipos, aplicándolo de forma general a todas las personas con cierto rasgo en común.
Específicamente, dentro de la diversidad sexual y de género, el mecanismo discriminatorio pretende imponer la creencia de asociar la heterosexualidad y el sexo biológico como únicos valores legítimos, cuando en realidad debieran entenderse de manera equivalente, como una variante más dentro de sexualidades diversas, diferentes orientaciones sexuales e identidades de género existentes.