La comunidad estadística internacional enfrenta enormes desafíos frente a una explosión de datos de diferentes fuentes, difíciles de encuadrar y sistematizar a la velocidad con que se producen. Los institutos de estadísticas tienen la enorme responsabilidad de ser la fuente oficial de la información que se les encomienda recolectar, proporcionar datos útiles para las políticas públicas y el conocimiento de la sociedad y preservar la confidencialidad de las fuentes, sean empresas o personas.
En este último aspecto se concentrarán las reflexiones que siguen. Nuestra legislación es clara en el campo de las estadísticas oficiales. No se puede difundir información sin compilarla de un modo que impida determinar la identidad del informante. Al compartir las distintas facetas de su vida privada, la población que responde a una encuesta oficial, confía en que la misma no será utilizada más que a los fines estadísticos, y así está ocurriendo.
Tal vez, en ocasiones, esto introduzca cierta tensión entre los responsables de las políticas públicas, eventualmente los investigadores y otras organizaciones de la sociedad que demandan cada vez más apertura en la información. Ocurre en todo el mundo.
Por otra parte, la "anonimización" de los datos, es decir su compilación en conjuntos que impidan la identificación de las fuentes, exige un gran esfuerzo que, aunque facilitado por los avances tecnológicos, suele retrasar la publicación de los mismos.
En paralelo, las bases de datos privadas provenientes de grandes proveedores de servicios o, más intensamente, de la actividad en las redes sociales, circulan a gran velocidad, aunque están mostrando a nivel internacional grandes fisuras en el respeto a la vida privada. Esas fisuras introducen la posibilidad de un sesgo peligroso en la manipulación de la opinión pública y lo mismo podría ocurrir si irresponsablemente fueran usadas por algunos gobiernos para introducir un direccionamiento de sus políticas.
En nuestro pasado reciente, por ejemplo, la medición de la pobreza fue suspendida y, antes de que eso ocurriera, cuando todavía se efectuaban mediciones, algunas áreas de alta densidad de población pobre -aparentemente- fueron suprimidas de las muestras.
Hace pocos días, después de un prolongado proceso de investigación en el que el periodismo ha tenido un decisivo protagonismo, una firma británica llamada Cambridge Analytica fue acusada de apropiarse de una base de datos de cincuenta millones de usuarios de Facebook, que habría sido usada en distintas campañas electorales. Los múltiples testimonios y las decisiones judiciales que empiezan a producirse confirman estos hechos, al margen del refugio de legalidad en el que pueda encontrarse esta compleja trama. "Me perdí en mi propia curiosidad", se excusó Christopher Wylie, el responsable de haber creado un formidable instrumento digital, inicialmente ideado para estudios académicos. Es una importante señal de alarma que no debe desoírse.
Según Wylie "los datos son nuestra nueva electricidad. Son una herramienta. Si hay un cuchillo en la mesa, puedes hacer una comida de estrella Michelin o usarlo como un arma. Pero es el mismo objeto. Los datos en sí no son un problema, hay un increíble potencial y cosas asombrosas que podemos hacer con ellos", concluye Wylie.
La elaboración de nuestras estadísticas oficiales está saliendo lentamente del encierro de las estructuras clásicas de los propios relevamientos, cada vez más costosos y limitados en sus alcances, para orientarse al desarrollo y aprovechamiento de los llamados registros administrativos, públicos o privados. Es decir, aquellos en que los ciudadanos aportan cotidianamente millones de datos. Estamos trabajando para que, en una nueva legislación, la revolución de la información y los fantásticos avances de la tecnología puedan estar al servicio de la sociedad de un modo independiente, profesional, pero garantizando férreamente el resguardo de los datos individuales.
En nuestro país, el INDEC aún no tiene acceso legal -como ocurre en un número creciente de oficinas de estadística de otros países- a los múltiples registros administrativos de diversas fuentes, incluso gubernamentales, que podrían enriquecer la información pública sin ser utilizados de una forma sesgada y sin violar la identidad de hogares, personas, instituciones y empresas. Superar esta limitación será crucial en el proceso de modernización de las estadísticas oficiales.
